Por los delitos de explotación sexual de víctimas de trata fueron condenados este miércoles la responsable de locales nocturnos Rosana Rodríguez, a 8 años de prisión por ser considerada coautora; el empresario Ricardo Aguirre, a 6 años, declarado partícipe primario; y los partícipes necesarios Juan Ramón Carpe y Silvio Antonio Dos Santos a 5 años y cuatro meses cada uno, mientras que la partícipe secundaria Claudia María Dos Santos recibió una pena de cuatro años de prisión.
Asimismo, el tribunal integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra, ordenó una reparación económica para las víctimas en el marco de una acción civil deducida y determinó que Rodríguez, Aguirre, Carpe, Claudia y Silvio Dos Santos, deberán pagarla en forma solidaria.
Y puntualizó en la suma de 50.000.000 de pesos para dos de las víctimas.
Por otra parte, el TOF de Corrientes dispuso las absoluciones del comandante principal de Gendarmería (retirado) José María Viero, de los empresarios María Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, así como del abogado Dionisio Velasco y Norma Rosalía Lanatta, Juan Manuel Schell, Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Lisosiain.
Los magistrados determinaron que los fundamentos de la sentencia serán leídos en una audiencia a concretarse el 20 de octubre, luego de lo cual el ministerio público fiscal, tanto como la abogada de las víctimas que actuó como querellante, podrán recurrir a la instancia de casación.
Vale señalar, a este juicio también habían llegado acusados el abogado Jorge Adrián Barboza, quien en un proceso abreviado acordó con los fiscales una pena de tres años de prisión por amenazas coactivas, mientras que fue separado del proceso por deterioro cognitivo el exfiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, procesado por brindar protección a la red desmantelada.
De acuerdo con la investigación, la red de explotación sexual de víctimas de trata funcionó en tres locales nocturnos y un motel entre los años 2010 y 2016, cuando fue desmantelada a través de una causa orientada por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y los fiscales Carlos Schaefer y Fabián Martínez junto con la Procuraduría especializada en trata y secuestros extorsivos Protex.